Un fallo de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo obliga a ir para atrás al gobierno y a su motosierra: le prohíbe avanzar en los 3.155 despidos en la ex AFIP y en la Aduana, tal como había sido anunciado hace tres meses por su vocero presidencial. Así lo dispuso por mayoría la Sala de Feria del tribuna ante un reclamo que había iniciado el gremio AEFIP.
De esta manera, en una sentencia de 16 carillas, los jueces Gabriel De Vedia, Roberto Pompa y Mario Fera (en disidencia), revocaron una decisión de primera instancia e hicieron lugar al reclamo del sindicato, lo que supone un revés para el Poder Ejecutivo para avanzar con su plan sistemático de desguace y saqueo estatal. La protección dictada por la justicia también alcanza al personal enrolado en SUPARA, el gremio que representa a los trabajadores de Aduana.
El Gobierno había anunciado que pretendía deshacerse del 15% del personal –calculado en unas 3.155 personas- dado que percibía un aumento en la estructura de la ex AFIP en los últimos años. Esto ocurrió apenas hubo un cambio de mando en el organismo recaudador, cuyos verdaderos motivos fueron desembocaron en la salida de Florencia Misrahi y su reemplazo por Juan Pazo, en una pulseada interna que ganó el Ministro de Economía Luis “Toto” Caputo.
El Ejecutivo pretendía que la Justicia del Trabajo no fuera competente para entender en la causa, pero la Cámara rechazó el argumento por estar ambos gremios y sus representados comprendidos en los Convenios Colectivos de Trabajo. El Ministerio Público Fiscal, coincidió.
Conflicto
El conflicto estalló tras el anuncio de reestructuración y transformación del organismo, que contempla un ajuste en la plantilla laboral, con cientos de cesantías y despidos.
Los gremios de la ex AFIP decidieron llevar su estrategia a los tribunales, argumentando que las 3.155 desvinculaciones son despidos sin causa, lo cual no está contemplado en su convenio colectivo. A pesar de que existe la figura de la prejubilación, que permite una salida anticipada con 20 sueldos adicionales, las fuentes del gremio AEFIP informaron que hasta este martes se había registrado una “ola de pedidos de jubilación”, con alrededor de 1.500 empleados iniciando el trámite. Desde UPSAFIP, el sindicato de empleados jerarquizados, elevaron esa cifra a 1.700.
En esa línea, el Gobierno extendió hasta el 31 de diciembre de 2025 los lineamientos vinculados a la negociación salarial en el Sector Público Nacional, con el objetivo de "optimizar recursos" y "garantizar la equidad salarial", en línea con su política de reducción del gasto público. Un eufemismo para anticipar que pretende que la recomposición salarial de los estatales nacionales siga postergada.
La prórroga se formalizó este martes 7 de enero a través de la Decisión Administrativa 1/2025, firmada por Guillermo Francos, Federico Sturzenegger y Luis Caputo. Esta decisión extiende la vigencia de la Decisión Administrativa Nº 28/2024, emitida el 1° de febrero del año pasado.
La justificación oficial por parte del gobierno tiene que ver con el objetivo de continuar por el camino iniciado en 2024, en el que se implementaron medidas destinadas a reducir el gasto público sin comprometer el funcionamiento eficiente del Estado. En palabras de los funcionarios, “las medidas implementadas marcaron un camino de reducción del gasto público” y deben mantenerse para consolidar los avances logrados.
Respuestas ante los ataques oficiales
Hace algunos días, el sindicato que agrupa al personal jerárquico de la ex AFIP, UPSAFIP había presentado un pedido de declaración de inconstitucionalidad ante la justicia en lo Contencioso Administrativo Federal del decreto que disolvió la AFIP y la convirtió en ARCA, aduciendo que el presidente no cuenta con las facultades delegadas en materia tributaria para haberlo dictado. Desde ese gremio ya habían advertido que el único camino posible era acudir al control del Poder Judicial para voltear los decretos. Entre ellos se cuenta también la Disposición 1/2025 que aludía al llamado Fondo de Jerarquización; la Disposición 3/2025 que buscaba fomentar los retiros voluntarios en el organismo: y el decreto 13/2025 que en su artículo sexto buscaba modificar los Convenios Colectivos.
Mientras eso tramita, ahora, el tribunal que entiende en materia laboral decidió: “Revocar la sentencia apelada y hacer lugar a la medida cautelar solicitada, ordenando al Poder Ejecutivo Nacional y a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero que se abstengan de adoptar cualquier medida que contraríe o violente la garantía de estabilidad prevista en por el CCT 56/92, Laudo 16/92 y por el CCT aprobado por laudo 15/91 suscriptos por SUPARA y AEFIP”, con la orden de que se los notifique el mismo día. Quedará para después del receso si existe una cuestión de fondo para debatir y si el Ejecutivo insiste en aplicar un recorte a la estructura del organismo recaudador.