Trabajadores de SanCor rechazaron la imputación de amenazas y hablaron de “falsa denuncia”

En una presentación judicial, los delegados de ATILRA en la firma desestimaron la causa judicial iniciada en la justicia de Rafaela, en el marco del largo conflicto que lleva siete años.

27 de marzo de 2024

Los delegados de la Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera de la República Argentina (ATILRA) rechazaron la imputación que recibieron ocho trabajadores de la planta Sunchales de SanCor, y realizaron una presentación judicial contra la empresa denunciante. En el marco de un conflicto que sigue creciendo, los empleados acusaron a la firma de “coacción y falta denuncia”, en un escrito que responde a la denuncia realizada contra varios de ellos, por el bloqueo de las instalaciones del lugar. Antes, el gremio había acusado a SanCor de nuevas irregularidades en el manejo delos fondos.

En la presentación judicial, a la que tuvo acceso Data Gremial, rechaza lo expuesto por la justicia de Rafaela, que imputó a ocho empleados por las medidas gremiales realizadas. Los mismos están calificadas por “amenazas calificadas por el propósito de compeler a otras personas a hacer abandono de su lugar de trabajo”. Pero los abogados del gremio determinaron que las acciones de la empresa ingresan en el delito de “coacciones y falsa denuncia”.

En el texto se explican las maniobras represivas de la empresa, y se denuncia entre otras cosas que la empresa “habría pagado adicionales” a la Policía de Santa Fe para que realice tareas en la planta, una militarización denunciada oportunamente. Por eso le pidieron a la fiscalía que llame a declarar a los acusados y a otros miembros del gremio ATILRA. Además, se afirman que las fuerzas policiales estuvieron en los domicilios de varios de los delegados sindicales, con el fin de “perturbar la paz familiar

Imputación

El fiscal Juan Manuel Puig, de la Fiscalía Regional N°5 de la ciudad santafesina de Rafaela, imputó a ocho empleados de la cooperativa láctea SanCor de la planta que funciona en Sunchales por los delitos de “amenazas calificadas por el propósito de compeler a otras personas a hacer abandono de su lugar de trabajo”. Entre las razones para decidir la imputación, Puig también incluyó los cargos por “usurpación por turbación de la posesión” y “amenazas coactivas”.

Este conflicto entre la cooperativa y sus trabajadores lleva varios meses, con protestas potentes del sindicato del sector ATILRA. La semana pasada se habían realizado audiencias imputativas y en las denuncias de Sancor están involucradas alrededor de 40 personas -casi todas del cuerpo de delegados- que bloquearon la principal planta de la cooperativa e impidieron que los empleados pudieran acceder a su trabajo con normalidad. Hace diez días, además, el Movimiento Empresarial Anti Bloqueo (MEAB), apoyó las seis denuncias que hay en curso contra las medidas sindicales.

Respuesta

Más allá de la presentación judicial, que describe el largo conflicto, desde el gremio entienden que esta denuncia es una respuesta de las múltiples acusaciones que se hizo contra los directivos de SanCor, por el manejo irregular de los recursos de la firma, y a quien responsabilizan de la crisis que se vive. La última se hizo el mismo miércoles, donde se habla de una nueva maniobra fraudulenta que afecta a sus acreedores, entre quienes se encuentran los trabajadores de la firma con los que se mantiene una deuda salarial.

Vía carta documento, el apoderado del sindicato lechero ATILRA, Ovidio Otero, notificó a los responsables de la firma que iniciará las correspondientes acciones civiles y penales al acusarlos de colocar fuera de la órbita de la empresa el flujo de Caja, que, de acuerdo a lo establecido en el artículo 743 CPCCN, es garantía común de los acreedores.

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