El Sindicato de Caucho, Anexo y Afines (SOCAYA), liderado por José Pasotti, denunció hoy a la Federación Empresaria Argentina de la Industria del Caucho (FAIC) y a su presidente y secretario, Daniel Luchetti (Esat S.A) y Silvio Ronconi (Nitrophyl) respectivamente, por “calcular de manera diferente” la implementación del aumento del salario mínimo garantizado de $85.000 firmado el pasado 17 de mayo en el Ministerio de Trabajo de la Nación.
“Solo ellos saben de dónde sacaron los cálculos, porque no dan de ninguna forma. De esta manera, perjudican de mala fe a todos los trabajadores del caucho”, afirmó su Secretario General José Pasotti y aseguró que “ya denunciamos esta situación al Ministerio de Trabajo”.
Cabe resaltar que, después de seis reuniones y largas discusiones con la FAIC el SOCAYA logró plasmar un acuerdo con un incremento salarial del 55% hasta noviembre de 2022, sumando al 2% que estaba a cuenta. Además, se logró elevar el salario mínimo garantizado a $85.000 por mes.
Luego, al presentar las escalas salariales ambas partes para su homologación, la FAIC calculó de otra manera la implementación del aumento del salario mínimo garantizado. Así, las diferencias son: julio $93.500 SOCAYA/ $91.967 FAIC; septiembre $102.859/$99.631; noviembre $113.050/$107.992).
Denuncia ante el Ministerio
Por este motivo, Pasotti confirmó que la situación fue denunciada “de manera urgente al Ministerio de Trabajo”, el cual convocó a las dos partes. En cuatro reuniones diferentes, el gremio expuso claramente que la nueva base salarial es de $ 85.000 y que los aumentos deben ir sobre esta base y no sobre la de $61.550 del año pasado como pretende tomar la FAIC.
“Queremos que los empresarios sepan que esta conducción no está dispuesta a perder ni un solo peso ni a regalar nada. Lo que se firma hay que cumplirlo, le guste o no a la FAIC”, sentenció Pasotti. Y agregó que “al no haber acuerdo, le solicitamos al Ministerio de Trabajo poder firmar el acuerdo general y que resuelva el tema del salario mínimo y su ajuste”.
Una insólita postura empresarial
Por último, el Secretario General agradeció a la Dra. Gladys Lemma, directora de negociaciones colectivas quien intentó hacer entender a los empresarios que estaban equivocados; pero lejos de ello, siguieron en su postura intransigente.
“Pedimos firmar el acuerdo porque no queremos perjudicar a los trabajadores por una actitud mezquina de dos empresarios sin representación y un abogado”, explicó el dirigente y agregó “queremos la urgente homologación y que el Ministerio se expida sobre esta diferencia que, en porcentajes es mínima, pero es de los trabajadores y no se lo vamos a regalar a la FAIC”, concluyó.